Por ejemplo, Antonio Casado reconoce hoy en su columna de El Confidencial que sí hubo chivatazo en el proceso de negociación con ETA, pero que éste en ningún caso tenía como objetivo ayudar al aparato de extorsión de la banda a seguir recaudando dinero a través del mal llamado impuesto revolucionario. Por tanto, dice Casado, no se puede acusar al Gobierno de colaboración con banda armada, ya que eso sería "indecente".
Pues no, señor Casado. Lo indecente es boicotear desde el mismísimo ministerio del Interior una operación antiterrorista puesta en marcha por la Justicia. No solo se está colaborando con banda armada (ayudar a alguien a huir, sean cuales sean los motivos, siempre se ha considerado un delito de complicidad), sino que se está entorpeciendo la labor de la justicia, lo cual es otro delito aún mayor. No hace falta ser abogado para saber esto. El escándalo aquí es que sea el propio ministerio del Interior, encargado de velar por la seguridad de todos los españoles, el que ayude a huir a unos terroristas avisándoles de que un juez ha ordenado su detención. El encargado de velar por que se cumplan las leyes, incumpliéndolas flagrantemente y nada menos que para dejar que unos terroristas huyan.
En la misma línea, el editorial de hoy de El País dice que el soplo, "del que no hay duda" (¿entonces por qué siempre habláis de "supuesto" chivatazo?), "tuvo como motivación ayudar o no entorpecer la negociación". Y añade que el mismo produjo "un aplazamiento, no la suspensión, de las detenciones previstas, que se produjeron de todos modos mes y medio después". Es decir, la vieja historia de que el fin justifica los medios y de que no es para tanto.
Por esta regla de tres, se podrían cometer toda clase de ilegalidades para alcanzar un buen fin. Incluso los GAL estarían permitidos ya que, al fin y al cabo, su objetivo era acabar con ETA. Lo siento pero no vale.
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